Entre los principales cambios, se incorpora la obligación de que los Comités de Salud y Seguridad elaboren protocolos de promoción de la salud mental, como así también de prevención, intervención y vigilancia de consumos problemáticos en el ámbito laboral, con la participación de equipos interdisciplinarios de profesionales.
Asimismo, se actualizan los artículos referidos al funcionamiento de los Comités, ampliando su alcance a empresas y organismos públicos con más de 50 trabajadores y estableciendo herramientas claras para detectar, controlar y comunicar riesgos.
“Queremos dar un paso más en la protección integral de los trabajadores. La salud mental debe ser parte central de las políticas laborales y de prevención. Apuntamos a construir entornos laborales más humanos, empáticos y sostenibles”, sostuvo la diputada y presidenta del Bloque de la UCR.
Entre los argumentos y directrices se persigue el fin de fomentar un clima de cooperación en la empresa, establecimiento o dependencia pública, y la colaboración entre trabajadores y empleadores, además de prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones medioambientales.