IMPUTARON AL EX FISCAL MARIANO RÍOS ARTACHO POR PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS JUDICIALES

El ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado y dispuesto de fondos depositados en cuentas judiciales durante aproximadamente siete años. Según la acusación presentada en audiencia, el perjuicio investigado rondaría los $425 millones, una suma equivalente a unos 300 mil dólares.

De acuerdo con la investigación fiscal, Ríos Artacho habría intervenido en expedientes en los que existía dinero secuestrado, depositado judicialmente o constituido como garantía, y posteriormente habría dispuesto su retiro mediante oficios judiciales.

Uno de los casos expuestos durante la audiencia se remonta a 2017, luego de una entradera. En aquella oportunidad se depositaron $1.230 en una cuenta judicial. Meses más tarde, a partir de un acuerdo que establecía una garantía de $80.000, el monto ascendió a $81.230.

La acusación sostiene que posteriormente se habría autorizado el retiro de ese dinero por parte de una persona vinculada al entonces fiscal.

Los investigadores aseguran que se detectaron numerosas operaciones con características similares y que en algunos de los documentos utilizados para disponer de los fondos aparecía la expresión “en concepto de reparación”.

Según planteó la Fiscalía, las maniobras investigadas habrían constituido una apropiación sistemática de recursos que se encontraban bajo custodia judicial. El expediente contempla alrededor de un centenar de causas en las que se habrían registrado movimientos de dinero.

La investigación también involucra a otras personas que, de acuerdo con la acusación, habrían participado de diferentes operaciones.

El ex fiscal habló durante la audiencia

En el marco de la audiencia, Ríos Artacho solicitó hacer uso de la palabra. Durante su intervención pidió perdón a su familia y a la Fiscalía y manifestó que padece ludopatía desde 2013.

Según su propio relato, las maniobras investigadas habrían estado relacionadas con la necesidad de afrontar deudas derivadas de su adicción al juego.

Ahora, la Justicia deberá avanzar en la investigación para establecer el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los imputados y determinar el destino de los fondos que, según la acusación, habrían sido retirados de cuentas judiciales.

La imputación constituye una instancia del proceso y será la investigación judicial la que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.